Representantes de gremios docentes y no docentes, agrupaciones estudiantiles, autoridades universitarias y diputados de bloques opositores presentaron este lunes un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. La iniciativa fue acompañada por una concentración frente al Congreso de la Nación.

El texto establece una nueva pauta de inversión para el sistema universitario nacional, sin crear nuevos impuestos ni alterar el equilibrio fiscal. Según explicó Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se trata de una “reorientación de prioridades” que reafirma la educación como “una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.

Un presupuesto que llegue al 1,5% del PBI

Uno de los puntos centrales del proyecto es elevar progresivamente el presupuesto destinado a las universidades hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031. Los fundamentos destacan que la educación universitaria pública es un derecho humano universal, un bien público y social que garantiza movilidad social y justicia democrática.

El proyecto cita el artículo 75 de la Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 como bases legales que obligan al Estado a garantizar la autonomía universitaria y el acceso equitativo a la educación.

Salarios, becas y carreras estratégicas

La iniciativa también incluye la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según los gremios, entre diciembre de 2023 y abril de 2025 la inflación acumuló un 204,8%, mientras que los salarios crecieron apenas un 90,4%. Por eso, el proyecto plantea una recomposición salarial proporcional a la inflación, a financiarse con fondos coparticipables, además de paritarias trimestrales.

En cuanto a los estudiantes, se establece una ampliación progresiva de las becas universitarias, y la creación de un fondo actualizado anualmente de $10.000 millones destinado a promover carreras consideradas esenciales para el desarrollo nacional.