Mar Chiquita podría aprobar un contrato con aval de la Provincia y operadores ligados al poder

El ingreso del Expediente 811/25 al Honorable Concejo Deliberante (HCD) encendió todas las alarmas políticas, jurídicas y sociales en Mar Chiquita.

Lo que a simple vista aparece como un contrato para "relevamiento, apoyo y asistencia en la gestión de ingresos municipales" es, en realidad, un esquema mucho más profundo y peligroso: la entrega de facultades estatales esenciales a una empresa privada, con poder para inspeccionar, sancionar, fiscalizar, manejar bases de datos y hasta quedarse con un porcentaje de la recaudación municipal.

El pliego, de 20 páginas, no solamente desborda los límites legales fijados por la Ley Orgánica de las Municipalidades. También configura lo que especialistas identifican como una licitación direccionada, con condiciones diseñadas a medida para favorecer a PubliVial, la firma vinculada a Marcelo Cabello, hombre ligado históricamente al ex intendente Jorge Paredi.

El expediente, según surge de la documentación oficial, no sólo habilita a un privado a asumir tareas de control, inspección tributaria y verificación de antenas, publicidad y ocupación del espacio público.

También le otorga la capacidad de intervenir en la elaboración de actas, procesos sancionatorios, determinación de tasas y soporte tecnológico de datos fiscales. Un menú completo de atribuciones que, de acuerdo al análisis técnico del pliego, es abiertamente ilegal: se trata del ejercicio de poder de policía, una función indelegable del Estado municipal.

A estos elementos se suma un punto que generó indignación en distintos sectores: la empresa cobraría su remuneración como un porcentaje directo de la recaudación municipal. Así lo establece el artículo 41, fijando un modelo prohibido por normativa bonaerense y jurisprudencia de la Suprema Corte, que impide que un privado participe de los tributos locales. En la práctica, significaría que parte de cada tasa, multa o contribución pagada por los vecinos terminaría engrosando las arcas del contratista.

El pliego también impone barreras extraordinariamente restrictivas para la competencia. El valor del pliego es de 200 mil pesos y cualquier impugnación cuesta un millón. Los especialistas lo consideran un mecanismo de exclusión deliberada: montos que desalientan a cualquier empresa real interesada, salvo la que el pliego parece haber sido escrito para favorecer.

El informe técnico al que accedió este medio señala al menos 10 irregularidades insalvables: desde delegación de funciones prohibidas, manipulación de bases de datos protegidas por la Ley 25.326, falta de competencia del Ejecutivo para fijar criterios tributarios sin ordenanza, hasta un objeto contractual ilegalmente amplio e impreciso. Todo esto convierte al pliego en un documento nulo de origen, jurídicamente vulnerable y administrativamente inaplicable.

Pero detrás del texto aparece, según fuentes políticas y documentación previa del Municipio, un entramado mayor. PubliVial ya tiene vínculos contractuales en Mar Chiquita desde 2010. En 2020, el entonces intendente Jorge Paredi logró que el Concejo Deliberante transfiriera a esa empresa la concesión que antes tenía Jet Publicidad SRL, también manejada por Marcelo Cabello. Ese movimiento ya avisaba la consolidación de un espacio económico alrededor del mismo actor privado, especializado en manejar publicidad, antenas, ocupación del espacio público y estructuras tributarias municipales.

Hoy, el nuevo pliego parece profundizar y expandir ese modelo. Según fuentes locales, la operatoria contaría con la bendición política del gobernador Axel Kicillof y de su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quienes desde La Plata promoverían la llegada de empresas afines a distintos distritos bonaerenses.

El senador Jorge Paredi oficiaría de articulador territorial y operador político para garantizar el avance del expediente en Mar Chiquita, mientras que el actual intendente Walter Wischnivetzky enfrenta presiones, condicionamientos y tensiones internas cada vez más evidentes.

De acuerdo a testimonios recogidos por este medio, incluso algunos concejales opositores habrían sido presionados o "acomodados" para asegurar el quórum que permita aprobar el pliego. Sólo un reducido grupo vecinalista mantiene su rechazo firme, denunciando que se trata de la mayor pérdida de soberanía municipal en décadas.

Los antecedentes de PubliVial, detallados en documentos institucionales, confirman que la empresa opera tradicionalmente en rubros sensibles: fotomultas, fiscalización de antenas, control de publicidad, relevamiento comercial y manejo de datos tributarios. Su estructura y servicios están pensados para absorber tareas estatales, lo cual encaja exactamente con el objeto del pliego ingresado.

Si el Concejo aprobara este expediente, Mar Chiquita quedaría atada por años a un privado con acceso a todas las bases de datos fiscales del distrito, capacidad de inspeccionar y sancionar a vecinos y comercios, y un incentivo económico directo para aumentar multas, presión tributaria y recaudación general. Un modelo que no sólo contraría la legalidad vigente: también podría impactar de manera directa en la economía local y en la transparencia institucional.

Lo que viene será un debate caliente en el Concejo. Los bloques preparan pedidos de informes y algunos ediles analizan acudir a instancias judiciales o al Tribunal de Cuentas. Comerciantes, productores y vecinos observan con preocupación un expediente que, más que modernizar, parece abrir la puerta a un negociado de proporciones millonarias.

La pregunta que atraviesa todos los pasillos del distrito es simple: ¿Este pliego moderniza la gestión o blinda un negocio armado entre Paredi, Cabello, Kicillof y Bianco?

Lo cierto es que el contenido del expediente, su redacción y su historial dejan una sensación clara: el pliego no está hecho para mejorar Mar Chiquita, sino para beneficiar a un grupo muy reducido a costa del patrimonio público.

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