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Martes 30 de Diciembre de 2025

Polémica

El rol de Lilia Lemoine queda en discusión tras una denuncia por apología del crimen

La causa se originó a partir de un programa emitido por una plataforma de streaming.

29 de Diciembre de 2025

Este lunes 29 de diciembre por la mañana, familiares del grupo conocido como “los 12 de la Santa Cruz” se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py para radicar una denuncia penal contra una diputada nacional libertaria muy cercana a Javier Milei, junto a Alejandro Sarubbi Benítez y Alfredo “Rino” Gammariello.

La acusación apunta a hechos que calificaron como apología del crimen, en los términos del artículo 213 del Código Penal, y cometidos en un contexto discriminatorio, según el artículo 2 de la Ley 23592.

Los denunciantes son familiares de personas secuestradas, torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada y asesinadas en uno de los vuelos de la muerte ocurridos el 14 de diciembre de 1977.

La presentación judicial se origina en expresiones vertidas durante el programa FDC, emitido por el streaming Ánima Digital, que los familiares consideraron incitaciones a la violencia y al odio, además de un ataque directo a la convivencia democrática.

Según el escrito, las declaraciones reivindican el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, así como a sus ejecutores. En ese marco, remarcaron que se trata de delitos imprescriptibles, cuya banalización pública produce un daño adicional a las víctimas y a la memoria colectiva.

Cecilia De Vicenti, familiar de una víctima, expresó su dolor por lo ocurrido y afirmó que las burlas o relativizaciones sobre los vuelos de la muerte constituyen una falta de respeto hacia quienes padecieron esos crímenes. También sostuvo la necesidad de una ley contra el negacionismo que sancione, especialmente, a dirigentes políticos que intenten negar o minimizar hechos probados de la historia argentina.

Más allá del debate legislativo, los familiares esperan una respuesta rápida de la Justicia. Reclaman que se mantengan las condenas a los responsables, que se evalúe la responsabilidad penal de los denunciados y que se adopten medidas para evitar retrocesos en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

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