Se profundiza la crisis gremial en UOCRA La Plata con aval ministerial

La seccional platense de la UOCRA atraviesa una de sus etapas más oscuras: sin conducción legítima, bajo la intervención de Oscar Rizzo (un dirigente ajeno a la ciudad) y con dos muertes obreras en apenas medio año. Lejos de garantizar derechos, el gremio opera como una estructura de recaudación paralela, amparada por el silencio oficial y la vista gorda ministerial.

Mientras las condiciones de trabajo se degradan, Rizzo avanza con total impunidad. Desde su arribo desde Moreno, ha tejido un entramado de complicidades con empresas constructoras que priorizan el ahorro por sobre la seguridad. Según Visión Política, el interventor se limita a cobrar favores mientras la vida de los obreros queda librada al azar.

El esquema es tan burdo como letal: se toleran incumplimientos sistemáticos, no se supervisan obras, y cuando ocurre una tragedia, todo se barre bajo la alfombra. La “intervención” no vino a ordenar: vino a habilitar el saqueo, a fuerza de convenios truchos, amenazas y trabajadores en condiciones de semiesclavitud.

Uno de los puntos más graves denunciados por Visión Política es el uso del Ministerio de Trabajo bonaerense como herramienta de presión. En lugar de controlar, se lo acusa de facilitar negociados. Empresas son citadas a audiencias “formales” donde se las obliga a aceptar condiciones que violan la ley y el sentido común.

El caso de la obra en Punta Lara, a cargo del Grupo Roggio, es ilustrativo: se incorporó personal importado desde Córdoba, desoyendo la Ley 22250 que exige que el 70 por ciento de los obreros sean de la zona. Hoy ese número está invertido: apenas un puñado de trabajadores locales accede a esos puestos, mientras la desocupación en la región es alarmante.

En paralelo, las muertes en obras del casco urbano ya no son noticia, sino parte del paisaje. Caídas, ausencia de elementos de protección, falta de inspecciones… y ninguna consecuencia real. Rizzo, por su parte, continúa cobrando suculentas sumas, sin rendir cuentas ni asumir responsabilidad alguna.

Para Visión Política, su rol no es otro que el de un administrador del silencio: se hace el desentendido frente a las irregularidades, pero interviene si hay que cerrar un trato o garantizar impunidad. A cambio, recibe el agradecimiento en efectivo de quienes lo prefieren así: quieto y cómplice.

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, encabezado por Walter Correa, tampoco hay señales de reacción. Las denuncias públicas no generan sanciones, ni revisiones, ni auditorías. En los hechos, la cartera laboral parece estar más alineada con los empresarios que con los trabajadores.

La situación es tan grave como evidente: el gremio de la construcción en La Plata funciona en piloto automático, sin dirección y sin defensa real para sus afiliados. Pero con una caja que no para de crecer, en medio del derrumbe (literal) de los derechos laborales.