La UNLP analiza el impacto de la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y mantiene cautela

Tras la promulgación con suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario dispuesta por el Gobierno de Javier Milei, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantiene una postura prudente, sin adelantar definiciones, aunque manifestando su rechazo a la decisión presidencial.

Mientras tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya resolvió iniciar acciones judiciales contra el Ejecutivo Nacional. Su Consejo Superior aprobó por unanimidad acudir a la Justicia para exigir la aplicación de la norma, al considerar que el decreto que la frena vulnera la Constitución y agrava la crisis del sistema universitario público.

Desde la UNLP explicaron que, antes de tomar una decisión, se evaluará en detalle el impacto legal y presupuestario de la medida. “El equipo jurídico analiza cómo resguardar los intereses institucionales”, indicaron voceros de la casa de estudios.

Fuentes universitarias añadieron que no se descarta una presentación judicial, aunque subrayaron que aún no se cuenta con toda la información técnica necesaria para definir los próximos pasos. “Mientras tanto, el equipo jurídico estudia la mejor estrategia para defender los intereses de la institución”, remarcaron.

Preocupación por el Presupuesto 2026

Desde la conducción universitaria también expresaron inquietud por la falta de tratamiento del Presupuesto 2026, un elemento clave para dimensionar los efectos de la suspensión de la ley.
“Vamos a esperar y analizar bien. Todavía no se ha discutido el Presupuesto, y eso será determinante para evaluar los perjuicios que la medida pueda generar en el sistema universitario”, señalaron.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, establecía un nuevo esquema de recursos para las universidades públicas y una recomposición salarial para docentes y no docentes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto nacional.

La decisión generó malestar en el ámbito académico, donde distintos sectores advierten que el freno a la norma representa un retroceso en materia de autonomía y financiamiento para las universidades públicas del país.