General Rodríguez: denuncian el secuestro de autos sin VTV mediante ordenanzas ilegales

En la municipalidad de General Rodríguez, gobernado por el intendente kirchnerista Mauro García que coquetea con el gobierno de Javier Milei a través de Patricia Bullrich, se ha instalado un mecanismo de persecución y abuso contra automovilistas que circulan sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, denunció el medio RealPolitik.

A contramano de lo que establece tanto la ley nacional de Tránsito 24.449 como la norma provincial respectiva 13.927, en este distrito no se impone una simple multa por la falta de VTV: se secuestra el auto.

Y no es una exageración: los inspectores municipales se llevan el vehículo al corralón sin grúa, manejándolo ellos mismos, tras apropiarse de las llaves del conductor. Esto, por una falta que en el resto de los distritos del país se resuelve con una infracción de tránsito.

Una vez retenido el vehículo, el municipio exige multas que rondan los 600 mil pesos para recuperarlo, lo que representa una cifra descomunal y desproporcionada en relación con cualquier criterio legal vigente, según lo consignado por RealPolitik.

La decisión, amparada en una ordenanza municipal que viola flagrantemente la normativa superior, configura un hecho gravísimo: una municipalidad dictando sus propias leyes por encima del estado nacional y provincial.

Ordenanzas ilegales e impunidad institucional

Según el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el marco legal en la provincia no ha cambiado. La ley de Tránsito 13.927 está plenamente vigente y establece penalidades como multas y retención de la licencia, pero no el secuestro del vehículo.

De acuerdo a lo publicado por RealPolitik, a nivel nacional, la ley 24.449 es también clara en este punto: la falta de VTV es una infracción, no un delito. En ningún artículo se contempla que un municipio pueda confiscar un bien privado por este motivo. El accionar del municipio no solo vulnera el principio de legalidad, sino que también colisiona con garantías constitucionales básicas como el derecho a la propiedad y al debido proceso.

Sin embargo, en General Rodríguez se actúa con total impunidad. Se dicta una ordenanza por encima de la ley y se ejecuta con violencia institucional. El ciudadano queda indefenso, sin herramientas para reclamar más allá del pago forzado de una suma exorbitante.

Coimas, corrupción y falta de control

Pero, como es de imaginar, este no es el único escándalo que rodea al área de Tránsito municipal. Según informó RealPolitik, recientemente se desató un escándalo por presuntos pedidos de coimas dentro del sector. Una familia denunció que empleados del área le solicitaron dinero para evitar el secuestro del vehículo y el caso fue expuesto públicamente en el programa Contame la Posta. El propio secretario de Seguridad, Justicia y Transporte, Miguel Puentes, reconoció en conferencia de prensa que se inició una “investigación de oficio”, aunque intentó relativizar el alcance del hecho.

Mientras la conferencia realizada para la ocasión el funcionario repetía que “hay que tener la VTV al día”, omitía lo central: en ningún otro municipio se cometen este tipo de atropellos legales, ni se aplican multas que equivalen al valor de un vehículo usado, ni se secuestran autos sin orden judicial ni grúas.

Un modelo autoritario de gestión local

Lo que ocurre en General Rodríguez no es un error administrativo. Tal como consignó RealPolitik Es el reflejo de una gestión local que se cree por encima de la ley. La aplicación de esta ordenanza inconstitucional, el cobro desmesurado de multas, el manejo directo de vehículos ajenos por parte de inspectores y la opacidad en la administración municipal de Tránsito configuran un modelo peligroso de gobierno.

En un contexto de crisis económica, estos mecanismos recaudatorios son una verdadera trampa para la clase trabajadora. Personas que necesitan su vehículo para trabajar terminan atrapadas en una maraña de medidas ilegales, coercitivas y abusivas que destruyen su economía familiar.