El descargo del pastor Osman tras la clausura: cuestionamientos, denuncias y una fuerte crítica a la Secretaría de Culto

Según relató en diálogo con AHORA Berisso, el conflicto comenzó cuando decidió mudarse al nuevo espacio, un inmueble que —según explicó— se encontraba en estado de abandono y fue completamente reacondicionado por la propia comunidad religiosa.

En ese marco, desmintió versiones que indicaban que había sido expulsado de su anterior sede en 30 y 162, aclarando que el traslado respondió exclusivamente a que el lugar había quedado chico para la cantidad de asistentes.

Osman señaló que, tras colocar el cartel anunciando la apertura de la iglesia, comenzaron reclamos vecinales y una recolección de firmas para impedir el funcionamiento del templo, situación que derivó en reiteradas denuncias al Centro Operativo de Monitoreo.

Respecto a las acusaciones por ruidos molestos, sostuvo que el equipamiento de sonido se encuentra acorde a la capacidad del espacio y remarcó que, para configurarse una infracción, deberían superarse los 60 decibeles, algo que —aseguró— nunca fue comprobado mediante mediciones oficiales.

El pastor también negó haber usurpado el inmueble y explicó que muchas de las denuncias se organizaban de manera coordinada a través de un grupo de WhatsApp, lo que generaba múltiples llamados simultáneos a las autoridades.

En relación a un episodio difundido en redes sociales, aclaró que una vecina ingresó a grabar sin autorización y fue retirada de manera pacífica, afirmando que no existió ningún hecho de violencia y que las cámaras de seguridad fueron puestas a disposición de la Justicia.

Uno de los puntos más sensibles del descargo fue la intervención de la Secretaría de Culto, desde donde —según indicó— se habría afirmado que no contaba con el registro correspondiente como pastor, algo que negó de manera enfática.

Osman aseguró haber presentado su fichero de culto y certificados ministeriales ante el Municipio, y cuestionó el accionar del director del área, Mauricio Giménez, a quien acusó de exigirle un pago para realizar un nuevo trámite de registro.

En contraposición, afirmó que desde la Secretaría de Gobierno le confirmaron que la documentación estaba en regla, lo que —a su entender— evidencia contradicciones internas.

Además, señaló que su abogado considera que las clausuras no cuentan con aval legal y que nunca se realizó una inspección formal que justificara la medida adoptada.

Finalmente, confirmó que se encuentra evaluando una propuesta presentada por el Municipio para una eventual mudanza, destacando que el diálogo con las autoridades continúa abierto y en buenos términos.