Política
Crónica de una sesión volcánica: Berisso bajo fuego en un Concejo Deliberante que olvidó el debate para instalar el ring
En una jornada legislativa caliente, el cuerpo deliberativo fue escenario de un caos sin precedentes. Entre la presión de los gremios por los recortes nacionales, una Rendición de Cuentas aprobada a ciegas y el polémico blindaje del oficialismo a un Secretario de Seguridad que amenazó a un concejal, la política local mostró su rostro más hostil. Crónica de una sesión donde la institucionalidad pareció ser la única víctima real.
14 de Mayo de 2026
Tensión gremial y críticas al Gobierno Nacional
La jornada de este miércoles no comenzó con el habitual trámite administrativo, sino con un recinto repleto de trabajadores de ATE. Desde temprano, las galerías y los pasillos del Honorable Concejo Deliberante fueron copados por trabajadores de la salud, miembros de ATE y CTA, y el propio Secretario de Salud municipal, Santiago Ramírez Borga. El motivo central era el repudio unánime al impacto de los recortes presupuestarios del Gobierno Nacional en el sistema sanitario local.
La sesión, que ya venía con un trámite tortuoso tras varias semanas de debate en la Comisión de Hacienda, sufrió un cuarto intermedio. El clima se tornó tenso cuando el Secretario General de ATE, Juan Jorajuría, tomó la palabra para exigir un gesto de compromiso a los ediles. La propuesta fue clara pero divisiva: los concejales debían fotografiarse con un cartel en defensa de la salud pública. La frase, cargada de una fuerte dosis de presión política —"quien no lo haga está en contra de la vida de los berissenses"—, desató una tormenta.
La concejal libertaria Daniela Rivero no ocultó su indignación. Tildó el suceso de "bochornoso" y denunció una actitud patotera, amenazando con abandonar el recinto.
Rendición de Cuentas: aprobada
Tras el agitado inicio, el debate se trasladó al corazón administrativo: la Rendición de Cuentas del ejercicio municipal. El oficialismo, representado por el bloque PJ–Fuerza Patria, llegó con la intención de convalidar los gastos de la gestión de Fabián Cagliardi. Sin embargo, la oposición presentó un frente unido en su crítica: la falta de transparencia.
Daniela Rivero (LLA) fue una de las voces más contundentes. Durante su exposición, denunció un "apagón informativo" sistemático. "Pedimos la lista de proveedores, el detalle de las licitaciones, los contratos de locación y el avance real de las obras, y no tuvimos acceso a nada. La clave RAFAM, nuestra herramienta de control, nos llegó apenas 24 horas antes de la sesión", disparó. En la misma línea, su par Damián Mena enfatizó que "los números de Excel que presenta el Ejecutivo no tienen nada que ver con la realidad de las calles de Berisso, donde el mantenimiento es una deuda pendiente".
Desde la vereda de la UCR–AMUBE, Patricio Yalet fue implacable: "Como concejales, tenemos la obligación constitucional de controlar cada peso de los berissenses, pero hoy se nos priva de esa facultad", señaló, al tiempo que advirtió sobre la existencia de "proveedores permanentes" que operan en las sombras del presupuesto. Maximiliano Fernández, por su parte, desmintió el superávit que pregona el Ejecutivo. "Cuando uno analiza los ítems, el 35 por ciento del presupuesto no se justifica. La ciudad no refleja esa supuesta bonanza; falta mantenimiento, falta gestión y, sobre todo, falta claridad", sentenció.
A pesar de los argumentos técnicos y políticos de la oposición, la votación nominal confirmó la hegemonía oficialista. Con 11 votos afirmativos contra 9 negativos, el expediente fue aprobado, sellando el respaldo legislativo a los gastos de Cagliardi. Luego, se dio lugar a un trámite menor: la licencia de Juan Ignacio Mincarelli, cuya banca fue asumida por Sol María Barros.
El blindaje a Marotte: cuando la violencia no merece repudio
Si la jornada había sido tensa, el punto final fue una verdadera sentencia a la moral institucional. Se trataba de discutir el repudio a las amenazas del Secretario de Seguridad, Gabriel Marotte, quien días atrás interrumpió una comisión para amenazar con "cagar a trompadas" al concejal Federico Ruiz.
El bloque libertario encabezó el ataque. Damián Mena fue directo: "Es insólito que tengamos que debatir si es correcto o no que un funcionario amenace de muerte o agresión física a un representante electo. Si nosotros mismos no cumplimos las leyes y toleramos la patota en el recinto, ¿cómo le exigimos a la sociedad que viva en paz?". El repudio no era solo por el insulto, sino por la paradoja: "El funcionario que tiene la responsabilidad de cuidarnos es quien ejerce la violencia".
Gimena Carvajal (UCR–AMUBE) apeló a la coherencia: "Este es el momento de demostrar si creemos en la democracia o si la violencia nos vuelve cómplices". Maximiliano Fernández fue aún más allá al desestimar cualquier lectura política: "Esto no es una especulación electoral; es una cuestión de respeto básico. No hay lugar en la función pública para quien promete trompadas en los pasillos".
Finalmente, el propio Federico Ruiz narró la vivencia en primera persona: "Se quebró la institucionalidad. No vino una vez, sino dos veces a amenazarme frente a mis compañeros. Institucionalmente esperaba otra reacción, pero no recibí ni una disculpa pública ni privada. Pongo la otra mejilla y lo perdono, pero el hecho es grave".
Sin embargo, el oficialismo cerró filas. Con una frialdad política que dejó estupefacta a la oposición, los bloques de PJ–Fuerza Patria y Unión Renovación y Fe impusieron su mayoría para enviar el proyecto de repudio al archivo. Con 10 votos a favor del "olvido" y 9 en contra, la violencia institucional quedó cajoneada.
Clima de hostilidad: denuncia penal por agresiones en el recinto
La jornada, sin embargo, dejó un saldo mucho más grave que la discusión administrativa: la sesión terminó exponiendo un nivel de agresividad política inédito en la ciudad, con el coordinador local de La Libertad Avanza, Fabián Lagorio, en el centro de la escena. La tensión escaló de manera vertiginosa cuando el concejal Daniel Del Curto decidió radicar una denuncia penal ante la Policía Bonaerense tras asegurar haber recibido agravios e intimidaciones directas dentro del propio recinto legislativo.
Según consta en la declaración testimonial presentada por el edil, el conflicto estalló en el momento en que se votaba el expediente de repudio contra Gabriel Marotte. Del Curto explicó que optó por no acompañar dicha iniciativa, una postura que desató una reacción “inmediata y violenta”, según detalla, desde el sector donde se ubicaban militantes libertarios. En la denuncia, el concejal relató que Lagorio le manifestó: “Votaste así porque seguramente mañana agarrás el sobre de Cagliardi”.
La situación, lejos de calmarse, se tornó aún más hostil cuando un grupo de personas identificadas con el espacio de Lagorio comenzó a proferir insultos hacia Del Curto, destacándose el grito de: “¿Qué querés esperar de un burro sino una patada?”. Este episodio encendió alarmas incluso entre dirigentes que no comparten posiciones con el concejal denunciante, ya que marca un precedente preocupante. Lo ocurrido estas semanas cruzó un límite peligroso: una cosa es el debate intenso y otra muy distinta es naturalizar el insulto, la presión externa y las acusaciones lanzadas a gritos en medio de un ámbito institucional.
