Controversia habitacional en la ribera: El complejo residencial de funcionarios que reabre el debate sobre el uso del suelo

En la intersección de las calles 5 y 171, en el estratégico sector ribereño conocido como "Marina del Sur", se levantó un complejo de departamentos que se ha convertido en el centro de una compleja trama administrativa. El edificio, ubicado en una zona de alta sensibilidad ambiental adyacente al Club Náutico, alojaría actualmente a funcionarios de primera línea de la administración del intendente Fabián Cagliardi. Entre los residentes identificados figuran el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Dittler y la Subsecretaria de Planificación, María Inés García. La particularidad del caso radica en que la construcción arrastra un conflicto jurídico desde la gestión anterior, que en 2019 dictaminó una resolución de demolición al considerar que la obra no se ajustaba a los parámetros legales de ocupación.

El predio se encuentra bajo la órbita de la Ley Provincial 12.704 de Paisaje Protegido, una normativa que exige evaluaciones de impacto ambiental rigurosas para cualquier tipo de desarrollo. Según los registros que originaron la orden de demolición bajo la firma del entonces secretario Raúl Murgia, el edificio incumpliría indicadores urbanísticos del Decreto-Ley 8912/77, tales como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y la densidad habitacional permitida para áreas que carecen de infraestructura completa de servicios. La parcela, que originalmente debería estar destinada a usos recreativos o náuticos según la planificación regional, fue transformada en un complejo multifamiliar que actualmente se comercializa en el mercado inmobiliario, contando incluso con conexiones de servicios básicos a pesar de su estatus administrativo irregular.

Desde el sector oficial, la ocupación de estas unidades por parte de las autoridades encargadas de supervisar las obras públicas en el distrito plantea un escenario de ambigüedad técnica. Mientras que el expediente de demolición permanece sin ejecutarse, los funcionarios residen en calidad de inquilinos en unidades que hoy tienen un alto valor de mercado. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la moralidad de los actos administrativos, ya que quienes deben velar por el cumplimiento del código de edificación habitarían una estructura que formalmente ha sido señalada como antirreglamentaria.