Auditorías y causas judiciales sobre Berisso: contrataciones paralizadas, adelantos por $372 millones y facturación apócrifa

La fiscalización sobre las licitaciones públicas aprobadas entre 2022 y 2024 revela un comportamiento uniforme: la tesorería municipal liquidó los adelantos contractuales poco después de firmar las órdenes de compra, tras lo cual las contratistas detuvieron las tareas.

La empresa Delta Constructora S.A. —fundada en Mendoza en 1984 e integrada al Grupo D'Amore— obtuvo dos de los proyectos más relevantes del municipio a pesar de registrar antecedentes de morosidad e instancias judiciales. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la clasifica en Categoría 4 por juicios de apremio, al tiempo que la Central de Cheques Rechazados del Banco Central contabiliza múltiples libramientos sin fondos.

Centro Municipal de Exposiciones (C.E.M.E.) en la Ex-Hilandería (Expte. N° 4012-6316/2022 - L.P. N° 41/2022): Adjudicado por $98.828.659,26 (USD 531.336,88) mediante la Orden de Compra N° 62 de enero de 2023. El 20 de enero de 2023, la Comuna transfirió a la empresa un anticipo financiero de $29.660.597,78 (USD 159.465,58). La firma limitó la ejecución al armado de un cerco perimetral, cobró dos certificados menores por $175.000 y $43.000, y abandonó el predio con un 5,29% de avance físico. En enero de 2024, el Municipio rescindió el contrato unilateralmente, constatando que la contratista no restituyó los fondos y mantiene una deuda líquida exigible de $12.991.341 por multas no saldadas.

Remodelación del Hospital Municipal (Expte. N° 4012-6511/2022 - L.P. N° 44/2022): El proyecto para refaccionar las áreas de Internación de Hombres, Pediatría y Maternidad se licitó por $99.950.000,00 (USD 537.365,59). El 20 de febrero de 2023, la tesorería liberó un adelanto de $29.985.000,00 (USD 152.984,69). La obra se interrumpió al alcanzar un 7,66% de ejecución, obligando a la Contaduría municipal a bloquear cuatro certificados de pago posteriores por no cumplirse el umbral mínimo contractual del 20% necesario para liberar nuevos giros.

La causa penal por el Servicio Alimentario Escolar y las facturas apócrifas

A través del Expediente N° 4012-4821/2021, la administración comunal destinó $15,99 millones (USD 167.046) a la firma Bakim S.R.L. y $7,73 millones a Francop S.R.L. para la adquisición de módulos alimentarios del Servicio Alimentario Escolar (SAE). El Tribunal de Cuentas desaprobó la rendición de fondos al verificar que la Comuna recurrió a una compulsa de precios privada en lugar de llamar a la Licitación Pública exigida por el Artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades^.

Paralelamente, Bakim S.R.L. (CUIT 30-715697862) quedó en el centro de una causa penal tramitada ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. La investigación judicial y los informes de la AFIP determinaron que la sociedad operaba como una usina de evasión y lavado de dinero que ingresó más de $2.200 millones al circuito formal mediante la emisión de aproximadamente 13.000 cheques respaldados por facturas apócrifas elaboradas por la contadora Natalia Foresio.

El juzgado federal dictó procesamientos y embargos sobre los responsables de la firma privada, sin haber citado hasta el momento a los funcionarios municipales que autorizaron los pagos:

• José María Spinelli (controlador de Bakim S.R.L.): procesado como jefe de asociación ilícita fiscal y lavado de activos; embargo de $50.000 millones.
• Juan Manuel Formino (gerente de Bakim S.R.L.): procesado como organizador; embargo de $50.000 millones.
• Joaquín Nicolás Hoz (apoderado bancario): procesado como integrante de la organización; embargo de $20.000 millones.
• Natalia Romina Foresio (contadora): procesada como jefa de la usina de facturación; bajo arresto domiciliario.

Fuente: Diario Hoy