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Procrear, disuelto por decreto: el Gobierno traslada su gestión al sector bancario
El Gobierno de Javier Milei sigue achicando estructuras del Estado y ahora le tocó el turno al Procrear, el histórico programa de créditos para la vivienda que nació en 2012.
9 de Junio de 2025

Se oficializó su disolución definitiva a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
Según los fundamentos del Ejecutivo, el Procrear representaba una “pesada carga” para las cuentas públicas y presentaba “dificultades de fiscalización”. Desde ahora, la administración de los créditos vigentes pasará a estar bajo la órbita del Banco Hipotecario, manteniendo las mismas condiciones pactadas originalmente.
Adiós al fondo y a la intervención estatal
La decisión se sustenta en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, firmado en noviembre pasado, y también en una auditoría realizada por la SIGEN, que detectó múltiples irregularidades en la gestión del fondo: demoras en la entrega de viviendas, gastos elevados en vigilancia, incumplimientos de convenios y reclamos por falta de condiciones básicas de habitabilidad.
Además, se señaló que los manuales de procedimiento estaban desactualizados y que la gestión general del Procrear no fue “transparente, ni ágil, ni eficiente, ni eficaz”.
El marco legal que ampara esta medida es la Ley 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios públicos para “optimizar el funcionamiento del Estado”, reducir su tamaño y transparentar los gastos.
El Banco Hipotecario toma la posta
Aunque el fondo como tal desaparece, los créditos ya otorgados no se caen: serán gestionados por el Banco Hipotecario S.A., bajo los mismos términos de retribución acordados en el contrato original de 2012. Además, se determinó que las sumas líquidas recaudadas serán transferidas a la Cuenta N° 2510/46 “Recaudación TGN”, previo descuento de gastos y comisiones bancarias.
El Procrear, que en su momento fue bandera de políticas públicas de acceso a la vivienda, hoy se despide como parte del plan oficial de achicamiento del Estado.