La controversia por declaraciones en redes reabre el debate sobre sanciones a Lilia Lemoine

Familiares de víctimas de la última dictadura militar reclamaron que el Congreso de la Nación avance con la expulsión de la diputada nacional Lilia Lemoine y anunciaron la presentación de una denuncia penal por apología del terrorismo de Estado. El pedido surgió luego de la participación de la legisladora en un programa de streaming en el que se realizaron burlas sobre los vuelos de la muerte, una de las prácticas centrales del plan sistemático de exterminio.

El hecho ocurrió el sábado pasado en el programa FDC, emitido por el canal Ánima Digital. Allí, uno de los panelistas ironizó sobre la represión estatal, los vuelos de la muerte y la desaparición de Santiago Maldonado, mientras Lemoine permanecía sentada a su lado y reaccionaba con risas ante los comentarios. La situación generó un inmediato repudio por parte de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

Los familiares recordaron que sus seres queridos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, junto a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, fueron secuestrados, torturados y arrojados vivos al mar en diciembre de 1977 tras pasar por la ESMA, hechos probados judicialmente.

En un comunicado, el organismo sostuvo que las expresiones realizadas constituyen una reivindicación de crímenes de lesa humanidad, violan el artículo 213 del Código Penal y encuadran dentro de discursos de odio prohibidos por la Ley Antidiscriminatoria. Además, señalaron que la conducta de la diputada se inscribe en una seguidilla de gestos protagonizados por representantes de La Libertad Avanza, que, afirmaron, banalizan el terrorismo de Estado.

El reclamo no se limita al plano judicial. Los familiares exigieron que la Cámara de Diputados actúe ante lo que definieron como una afrenta institucional grave y reclamaron la separación inmediata de Lemoine del cuerpo legislativo. “No puede ser admitido ni naturalizado que una legisladora reivindique el terrorismo de Estado”, advirtieron, mientras la polémica escala y promete derivaciones políticas y judiciales.