La Legislatura bonaerense sancionó la prohibición del uso de celulares en las escuelas secundarias
La normativa alcanza a establecimientos públicos y privados, dejando a salvo únicamente la utilización en actividades pedagógicas planificadas. Sin embargo, la puesta en marcha de la medida genera controversia política por la reticencia del Ejecutivo provincial a reglamentar las leyes restrictivas en el ámbito educativo.
8 de Octubre de 2026
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que restringe la presencia y el empleo de teléfonos móviles y dispositivos digitales en las aulas del nivel secundario durante el dictado de clases.
La iniciativa —impulsada originalmente en la Cámara de Diputados por Martín Rozas (Unión y Libertad) y ratificada esta semana por el Senado— extiende a las 4.040 escuelas de nivel medio bonaerenses el marco normativo fijado a fines del año pasado para la educación primaria. La norma establece que los alumnos deberán mantener los aparatos fuera de uso durante el desarrollo de la jornada escolar, reservando su utilización a proyectos didácticos expresamente autorizados por las autoridades o la planta docente.
Pese al aval legislativo, la aplicación efectiva de la medida afronta resistencias en el seno del propio gobierno provincial. La Dirección General de Cultura y Educación, conducida por Flavia Terigi, ha manifestado posturas contrarias a los esquemas prohibitivos en las aulas, lo que derivó en la falta de reglamentación de la ley que alcanzaba al nivel primario.
Esta inacción administrativa reavivó cruces internos en el oficialismo: semanas atrás, el senador Emmanuel González Santalla expuso públicamente la parálisis normativa del Ejecutivo en la materia, exigiendo la firma de los decretos reglamentarios tanto para los 2,1 millones de alumnos de enseñanza inicial y primaria como para los 1,4 millones de estudiantes matriculados en la secundaria.
Desde las entidades que nuclean a las instituciones privadas, como la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), advirtieron que la ley requiere reglas claras y protocolos sancionatorios precisos para evitar el debilitamiento de la autoridad escolar en el ámbito institucional. La entrada en vigencia del texto definitivo quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial y a los criterios que determine la cartera educativa provincial.
