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Martes 31 de Marzo de 2026

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La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y recomponer salarios

La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo falló en contra del Gobierno nacional y ordenó la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado por el Congreso, que prevé un incremento significativo del presupuesto destinado a las universidades públicas.

31 de Marzo de 2026

La resolución judicial rechazó la apelación presentada por la administración del presidente Javier Milei y remarcó que la norma fue sancionada con el respaldo mayoritario tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En ese sentido, los jueces desestimaron los argumentos del Poder Ejecutivo para no implementar la ley y los calificaron como “poco serios”.

El fallo también establece la recomposición salarial para docentes y nodocentes universitarios, abarcando el período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, cuando la ley fue finalmente sancionada. Además, dispone la actualización de las becas de investigación y considera que la suspensión de la normativa mediante decreto resulta “ilegítima”.

La medida judicial se produce luego de que el Gobierno apelara una cautelar dictada en diciembre de 2025, a partir de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional. En esa instancia, ya se había ordenado la implementación de la ley, en el marco de los reclamos del sistema universitario por el desfinanciamiento del sector.

El fallo se da en un contexto de creciente conflictividad en las universidades públicas, tras semanas de protestas y paros en todo el país. La situación impacta de manera directa en instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, donde los docentes mantienen medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto.

En ese marco, la Asociación de Docentes de la UNLP ratificó la continuidad del plan de lucha, en línea con lo resuelto por la Federación Nacional de Docentes Universitarios. El gremio lleva adelante un paro que se extiende durante toda la semana, con cese de actividades hasta el sábado 4 de abril, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

La decisión judicial introduce un nuevo elemento en el conflicto, al obligar al Ejecutivo a cumplir con una ley clave para el financiamiento del sistema universitario. Sin embargo, el escenario continúa abierto, en medio de la tensión entre las autoridades nacionales y la comunidad académica por la asignación de recursos y la recomposición de los salarios.

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