La Justicia evalúa citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria judicial

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda los resultados de las últimas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir una eventual citación antes del inicio de la feria judicial de invierno.

La investigación se centra principalmente en el vínculo entre el funcionario nacional y Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, firma que mantiene contratos con la TV Pública.

La Justicia busca determinar si Grandio financió el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró públicamente que el traslado fue abonado con fondos propios, distintos documentos incorporados al expediente contradicen esa versión. Entre ellos aparece la declaración del broker aeronáutico Agustín Issin Hansen, quien afirmó ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio a través de la productora Imhouse.

Según consta en la causa, la empresa Alpha Centauri habría facturado el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por unos 3.000 dólares a nombre del productor televisivo.

En paralelo, el juzgado ordenó realizar cruces telefónicos entre Grandio, Adorni y Horacio Silva, con el objetivo de establecer si existieron comunicaciones vinculadas a contratos firmados entre la productora y la TV Pública.

La investigación también puso la lupa sobre el patrimonio personal del funcionario. Uno de los focos se encuentra en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra y posterior remodelación despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo a la información incorporada al expediente, la vivienda habría sido adquirida por aproximadamente 120.000 dólares, mientras que las remodelaciones y el equipamiento habrían demandado cerca de 245.000 dólares adicionales. Parte de esas obras, según investiga la Justicia, se habría realizado sin facturación formal.

En el entorno judicial consideran que una eventual convocatoria a indagatoria implicaría que la causa alcanzó un grado avanzado de investigación y que existen elementos suficientes para profundizar las sospechas sobre la posible comisión de delitos.