La Casa Rosada apelará la sentencia judicial que le exige aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional confirmó que interpondrá un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, el cual dejó sin efecto la disposición del Poder Ejecutivo que supeditaba la partida presupuestaria de las universidades públicas a la disponibilidad de recursos del Tesoro.

La resolución, firmada por el magistrado Martín Cormick tras hacer lugar a los amparos presentados por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), declaró inconstitucional la cláusula reglamentaria del decreto 759/2025. Según el fallo, la maniobra oficial para congelar la norma sancionada y ratificada por ambas cámaras legislativas constituyó un mecanismo ajeno al orden constitucional.

Cormick enfatizó en los fundamentos de la sentencia que la ley aprobada por el Parlamento —cuyo impacto fiscal fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en un 0,23% del PBI— dispone de herramientas financieras suficientes para su ejecución mediante la readecuación de partidas y el uso de recursos sobrantes, sin alterar la coparticipación federal.

La medida judicial se suma a la cautelar dictada a finales de 2025 que obligaba a recomponer los haberes docentes y nodocentes y reajustar los programas de becas, resolución que la Corte Suprema dejó firme al rechazar los recursos del Estado. Pese a que el Gobierno argumentó haber cumplido los requerimientos tras firmar actas salariales y disponer incrementos unilaterales del 3%, el juzgado desestimó los cómputos oficiales al considerar que no se acreditó la reparación integral frente a la inflación acumulada.

Con la apelación en marcha hacia la Cámara Federal, la Casa Rosada busca evitar la aplicación inminente de la norma mientras las casas de altos estudios del país sostienen sus reclamos por el envío de los fondos operativos y salariales fijados por ley.