Guerra de patentes por la VTV: la Provincia de Buenos Aires rechaza la desregulación de Milei y multará autos que usen talleres privados

La pulseada política y económica entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof sumó un nuevo y complejo capítulo que impactará de lleno en el bolsillo y la circulación de millones de automovilistas. Tras la publicación en el Boletín Oficial de la normativa nacional que habilita a concesionarias y talleres mecánicos privados a emitir la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la administración de la Provincia de Buenos Aires plantó bandera y anunció que desconocerá por completo la medida dentro de sus fronteras.

La desregulación del servicio, estructurada bajo el diseño técnico del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger mediante el Decreto 196/2025, busca romper el monopolio de empresas concesionarias estatales en todo el país. Sin embargo, el mapa federal acusó un quiebre inmediato: mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza respaldaron la apertura del mercado, el principal distrito electoral y automotor de la Argentina decidió blindar su legislación local.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, fue el encargado de desactivar el alcance del decreto libertario en territorio bonaerense. El funcionario fundamentó la posición de la gobernación amparándose en el marco constitucional vigente, el cual otorga potestades exclusivas a los estados provinciales en materia de ordenamiento vial y seguridad en el transporte.

“Esta reforma no tiene impacto en nuestra jurisdicción porque nos regimos por una ley autónoma. Todo rodado que esté inscrito en los registros de la provincia de Buenos Aires tiene la obligación ineludible de portar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tradicional. No convalidamos las modificaciones dictadas por la Nación”, sentenció el jefe de la cartera de transporte a nivel provincial.

Marinucci defendió la rigurosidad del esquema de inspección bonaerense y cuestionó la viabilidad del nuevo formato privado en términos de siniestralidad vial. “Se argumenta en favor de la desregulación, pero se omite explicar cómo se fiscalizará la fiabilidad de esos talleres particulares. El control del Estado sobre las fallas mecánicas previene tragedias; flexibilizar estas auditorías pone en riesgo la vida de los ciudadanos”, argumentó.

La decisión política se traducirá de inmediato en directivas estrictas para la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los agentes de la Dirección de Política y Seguridad Vial que operan en las rutas y accesos urbanos. Las autoridades viales advirtieron que la oblea nacional emitida por los comercios desregulados no tendrá validez jurídica para los autos bonaerenses.