El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro contra las cuerdas por "degeneradas políticas fiscales"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sigue generando controversias con sus políticas fiscales. Luego de manifestar públicamente que "el campo se va a fundir de tantos impuestos" y que era imperativo reducir la carga tributaria del sector, aprobó un paquete normativo que incluye un impuesto especial del 2 por ciento para quienes adhieran al Régimen de Regularización de Activos establecido en la Ley Nacional 27.743.

La Ley Provincial 14.386, sancionada en diciembre de 2024, incluye un Título completo dedicado a adherir al régimen nacional de blanqueo de activos. Según el artículo 107 de esta normativa, los sujetos que regularicen moneda en efectivo o bienes cuyo valor supere los 100 mil dólares deberán abonar un 2 por ciento de impuesto especial.

Aunque el texto también promete beneficios como la liberación de acciones penales y civiles en el ámbito tributario, este impuesto especial pone en jaque la coherencia del discurso del gobernador, quien se había presentado como un defensor acérrimo del alivio fiscal.

Entre los puntos más destacados del régimen implementado en Santa Fe se encuentran el secreto fiscal, es decir que la documentación presentada estará protegida bajo este principio, según el artículo 102; el destino de los fondos, que según el artículo 110 los recursos obtenidos se destinarán a compensar a contribuyentes cumplidores, un punto que intenta justificar la medida ante las críticas.

Sin embargo, los beneficios no aplican a obligaciones tributarias firmes o en instancia judicial (artículo 105), y la falta de pago del impuesto especial anula automáticamente las ventajas del régimen (artículo 113).

Críticas desde el sector productivo

Mientras que algunos ven en este blanqueo una herramienta para estimular la economía provincial, sectores productivos y rurales han expresado su descontento. Este segmento, que ya enfrenta un incremento del 22 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural, considera que esta medida es incoherente con el discurso previo de Pullaro.

"Este doble discurso genera incertidumbre entre los contribuyentes. Mientras el gobernador dice querer bajar impuestos, vemos un paquete de medidas que aumentan la carga fiscal directa e indirectamente", expresó a la prensa un representante del sector agropecuario.

Otros impuestos

Entre los ajustes más polémicos se encuentra el incremento del veintidós por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural para 2025, que llega al 40 por ciento para los productores con más de quinientas hectáreas. Este aumento se suma al exorbitante 600 por ciento aplicado en 2024, golpeando fuertemente a los sectores rurales que Pullaro prometió proteger.

Otro punto que generó controversia es la incorporación de los servicios digitales, incluidos los extranjeros, al esquema de Ingresos Brutos. Este nuevo impuesto provincial impacta tanto a plataformas locales como internacionales, y el treinta y cinco por ciento de lo recaudado se destinará a industrias de base cultural de la provincia, lo que muchos consideran un desvío cuestionable de recursos.

Además, los préstamos financieros tampoco quedaron exentos del ajuste. Se estableció un gravamen del 6,25 por ciento sobre los préstamos menores a 170 mil millones de pesos, mientras que aquellos que superen ese monto tributarán un 9.

En este contexto, el discurso del gobernador Pullaro, quien se autodenominó defensor de los sectores productivos y de la baja de impuestos, se enfrenta a un profundo escrutinio. La contradicción entre sus declaraciones y las acciones de su gestión no solo genera descontento en el sector rural, sino que también levanta dudas sobre la coherencia y la transparencia de sus políticas fiscales.