El escándalo Gorostiza: 12 días de silencio judicial mientras un argentino lucha por su vida en Punta Cana

Buenos Aires, 28 de octubre de 2025 — La historia de Ricardo Emir Gorostiza, un argentino de 73 años internado en estado crítico en Punta Cana, se transformó en un verdadero calvario burocrático. Mientras pelea por su vida —afectado por shock séptico, infarto y fallo renal agudo—, su familia enfrenta una doble tragedia: la indiferencia de una aseguradora que no cumple y la demora judicial que agrava el cuadro día a día.

La empresa INTERASSIST Argentina S.A., que cobró una póliza de viaje con cobertura de hasta USD 200.000, se niega a cumplir las órdenes judiciales que la obligan a cubrir prestaciones vitales, entre ellas la hemodiálisis y los tratamientos complementarios. A pesar de que el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata dispuso una medida cautelar parcial, la familia denuncia que la aseguradora no acató la orden judicial.

El expediente, a cargo de la Dra. Silvia Pelossi, se transformó en una odisea judicial. En lugar de priorizar la urgencia médica, la jueza impulsó un “conflicto de competencia” que dejó la causa paralizada varios días entre tribunales. Luego, al retomar el trámite, pidió “prueba técnico-científica” para autorizar el traslado sanitario, una exigencia que la familia considera absurda ante un cuadro clínico tan delicado.

Mientras tanto, la causa lleva 12 días detenida en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, bajo la órbita de la Secretaría Laboral encabezada por la Dra. Analía Di Tomasso. El abogado de la familia, Dr. Diego Cotleroff, presentó dos prontos despacho (el 25 y el 28 de octubre), sin recibir respuesta.

En paralelo, la familia se endeuda para sostener los gastos médicos, que ya superan los 100.000 dólares. Ante la falta de cobertura, debieron incluso comprar y trasladar plaquetas por su cuenta, viajando más de cinco horas hasta Santo Domingo. “La burocracia está matando a mi padre”, expresó su hija, desesperada por la falta de acción institucional.

El caso Gorostiza pone en evidencia la lentitud judicial y la falta de control estatal sobre las aseguradoras internacionales, que operan en la impunidad mientras familias argentinas enfrentan la desesperación a miles de kilómetros de casa. Cada día de silencio tiene un costo humano irreparable, y mientras los tribunales debaten competencias, la vida de un hombre sigue en riesgo.