El Presidente anticipó que este año continuará con los recortes en la administración pública Nacional

En el último día del 2024, el Gobierno publicó dos decretos mediante los que prohibió nuevas contrataciones en el ámbito estatal nacional con el objetivo de profundizar la política de achicamiento del gasto público. En el primer año de la administración de Javier Milei fueron cesanteados unos 36 mil empleados públicos, mientras que para este año se espera que continúe la misma tendencia. 

A través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, que llevan las firmas de Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno estableció un nuevo régimen para el sector: prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.

El primer decreto suspende el ingreso de nuevos agentes al sector público Nacional, excepto algunas excepciones como "las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud", entre otras.

También establece un requisito para validar nuevos ingresos: se podrá “disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”. Es decir, será la estrategia del “3x1” para mantener el descenso de la cantidad de empleados estatales.

Además, los nuevos agentes deberán aprobar un examen de idoneidad para ingresar al Estado nacional y se delimitó que las contrataciones “no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025”. 

En el marco del recorte de empleos públicos, 21.408 personas perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.