El Gobierno reglamentó un capítulo de la reforma laboral clave para incentivar el blanqueo de trabajadores

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los ejes centrales de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida busca fomentar el empleo registrado mediante una reducción de las contribuciones patronales durante un período de cuatro años.

El nuevo esquema quedó establecido a través del Decreto N°315/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que la Justicia fallara a favor del Ejecutivo en la disputa impulsada por la Confederación General del Trabajo contra la normativa.

El decreto lleva las firmas del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo, y apunta a incentivar nuevas contrataciones en el sector privado.

El régimen está dirigido a empleadores inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a partir del 10 de diciembre de 2025, que incorporen trabajadores entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

Los perfiles alcanzados incluyen:

- Personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025

- Desocupados durante los últimos 6 meses

- Exmonotributistas sin relación de dependencia reciente

- Trabajadores provenientes del sector público

El decreto aclara que los ingresos adicionales que obtenga el trabajador no afectarán los beneficios para el empleador.

La reglamentación establece que las empresas abonarán contribuciones patronales reducidas durante 48 meses desde la incorporación del trabajador.

Las alícuotas serán:

- 2% destinado al sistema previsional, empleo y asignaciones familiares

- 3% para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Además, se fijó un tope: las nuevas incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la plantilla total del empleador.

En caso de no cumplir con los requisitos, las empresas deberán devolver los aportes no abonados, con intereses y posibles sanciones. El control estará a cargo de ARCA, que podrá aplicar exclusiones automáticas del régimen. También seguirá siendo obligatoria la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Por último, el Gobierno dispuso que ARCA y el Ministerio de Capital Humano coordinen el intercambio de información para garantizar la continuidad de programas sociales vinculados a los trabajadores alcanzados.