El Gobierno prepara un contraataque legislativo para derogar la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de la tregua con los rectores

El Gobierno nacional ensaya una compleja maniobra de pinzas para encauzar el conflicto con el sistema de educación superior, combinando concesiones de billetera en el corto plazo con una ofensiva de fondo contra la legislación aprobada por el Congreso. En las próximas horas, los mediadores oficiales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) plasmarán la firma de un acta acuerdo que inyectará fondos frescos a las arcas académicas, pero la paz será estrictamente transitoria: la pulseada estructural por los recursos se trasladará de inmediato al Parlamento.

La urgencia del Poder Ejecutivo por cerrar este trato responde a un blindaje preventivo ante el frente judicial. El máximo tribunal del país tiene bajo análisis un recurso extraordinario presentado por la Jefatura de Gabinete contra una medida cautelar que benefició a las universidades. En los pasillos de Balcarce 50 saben que un fallo adverso de la Corte Suprema los forzaría a aplicar a rajatabla la Ley de Financiamiento Universitario vigente, una norma que el esquema libertario rechaza de plano por "violar la disciplina fiscal" al omitir de dónde saldrán los fondos para sustentarla. Por ello, la estrategia oficial consiste en licuar la ley actual mediante un nuevo articulado técnico embebido en el proyecto del Presupuesto 2027.