El Estado nacional acreditó la deuda de 94 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios de Ensenada

El Ministerio de Seguridad de la Nación destrabó el pago de 94 millones de pesos adeudados a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ensenada, correspondientes a las partidas de financiamiento que permanecían retenidas desde hacía diez meses pese a contar con la documentación administrativa al día.

La efectivización del depósito fue confirmada por el presidente de la institución, Eduardo Villar, quien encuadró el cobro dentro de las gestiones institucionales desarrolladas junto a la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, el acompañamiento operativo de sus pares de Berisso y el tratamiento formal en el Concejo Deliberante local a través del edil oficialista Gerardo Preste, quien en su momento denunció el incumplimiento de las leyes nacionales 25.054 y 27.629.

A pesar de la cancelación de la acreencia local, Villar advirtió que el conflicto no se encuentra agotado a escala federal: "Más allá de que pudimos finalmente cobrar, seguimos reclamando por una gran cantidad de cuarteles de todo el país a los que todavía no se les ha abonado lo que por ley corresponde".

Costos de equipamiento y reorganización del cuerpo

La acreditación de estos activos —que cuentan con asignación específica por normativa para renovación de parque automotor, infraestructura y trajes de protección— resulta crítica para la operatividad de un esquema asistencial que cuenta con 120 efectivos, tres destacamentos, el cuartel central y una flota de 30 unidades móviles.

El valor de mercado de los insumos operativos representa el principal obstáculo financiero para la entidad: un equipo de protección estructural básico se cotiza en torno a los 3.500 dólares, mientras que el calzado normado para intervenciones asciende a 1.000 dólares.

En paralelo, la comisión directiva que asumió el mando de la institución hace doce meses continúa con un proceso de regularización de personería jurídica, saneamiento de padrones de socios y resolución de pasivos judiciales originados por gestiones previas.