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Viernes 5 de Septiembre de 2025

Política

¿Corrupción en Berisso? cooperativas beneficiadas con contratos millonarios

Según una investigación publicada por el diario La Nación, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, podría estar en el centro de una causa judicial que indaga presuntas irregularidades en contrataciones públicas con cooperativas de la ciudad que habrían recibido contratos millonarios del Estado nacional.

3 de Septiembre de 2025

El caso se enmarca en la denominada “Causa Guardapolvos”, a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo. De acuerdo con la investigación, la Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Ltda. sería una de las entidades más comprometidas. Esta habría recibido entre 600 y 700 millones de pesos para confeccionar guardapolvos, pero se habría entregado menos de la mitad de lo comprometido, pese a que el Estado habría pagado más del 80% de los fondos.

Una auditoría del INAES habría señalado que muchas de las cooperativas involucradas no tendrían maquinaria, insumos ni personal suficiente para cumplir con los contratos. En los allanamientos realizados por la Policía Federal en 33 localidades, incluida Berisso, se habrían detectado talleres sin capacidad para producir los volúmenes pactados.

La conexión con Cagliardi surgiría a partir de presuntos lazos familiares y políticos. Según La Nación, M. García —apoderada legal de la cooperativa Manos Berissenses— sería esposa del primo del intendente. Además, el mismo primo habría sido señalado como responsable de la cooperativa que presta servicios al Consejo Escolar de Berisso. El medio asegura que desde 2021 García habría facturado distintos trabajos al organismo escolar, lo que podría plantear posibles conflictos de interés.

Otro de los elementos que remarcaría la investigación es que el domicilio fiscal de García como monotributista coincidiría con la dirección de “Viveros Cagliardi”, reforzando las sospechas sobre la cercanía de las operaciones.

El informe subraya que el manejo de contratos multimillonarios a través de un esquema de monotributo generaría dudas sobre la idoneidad administrativa y sobre un posible uso irregular de fondos públicos.

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