Acusan a una estructura informal de condicionar la venta ambulante en La Costa

Una fuerte controversia comenzó a tomar volumen en Mar del Tuyú, donde vendedores ambulantes y trabajadores de playa denuncian un sistema de aprietes, cobros irregulares y operativos coercitivos que, según relatan, estaría avalado desde el poder político local.

De acuerdo a la información que circula entre los propios afectados, Walter Ortega, señalado como mano derecha del intendente Juan de Jesús (Unión por la Patria), sería quien se presenta como organizador y ejecutor de estas acciones, actuando a través de una supuesta asociación que exige pagos por permisos basados en una ordenanza que ya habría caducado y que no fue tratada este año en el Concejo Deliberante.

Los denunciantes sostienen que quienes no pagan son directamente impedidos de trabajar, y que los operativos para retirar carros de venta de licuados, choclos y otros productos se realizan sin orden judicial, con presencia policial y bajo un esquema que describen como “de prepo y a los gritos”. En varios testimonios se repite una consigna que genera alarma: “la playa es de ellos, si no pagás no trabajás”.

Según aseguran los vendedores, ya existen denuncias penales en curso y material de audio en el que se escucharía a Ortega hablar en nombre del intendente, mencionando supuestos vínculos con la jefatura de la policía departamental y dejando entrever que cuenta con respaldo político para avanzar con los desalojos. Todo ese material, afirman, ya estaría en manos de la Justicia.

El eje más delicado del conflicto es que los cobros se estarían realizando sin sustento legal vigente, ya que la normativa utilizada como respaldo habría perdido validez y no fue renovada ni debatida en el ámbito legislativo correspondiente. De confirmarse, el esquema quedaría expuesto como un mecanismo informal de recaudación sostenido mediante presión y fuerza.

El malestar crece entre los trabajadores de la costa, que advierten que la situación puede escalar en un conflicto mayor durante la temporada, con protestas y denuncias públicas si no hay una respuesta institucional clara. “No pedimos privilegios, pedimos reglas claras y legales”, repiten los afectados.

Mientras tanto, el caso comienza a instalarse como una bomba política en el Partido de La Costa, donde el reclamo apunta directamente a la responsabilidad del Ejecutivo municipal. Los vendedores exigen que el intendente Juan de Jesús dé explicaciones, se investigue el rol de los funcionarios señalados y se frenen los operativos hasta que exista un marco legal transparente.