Volvieron las clases en la UNLP, pero el conflicto docente mantiene en riesgo el calendario académico

El conflicto, que impactó de lleno en el inicio del cuatrimestre, dejó como saldo una actividad reducida en facultades y colegios dependientes de la casa de estudios, en un contexto además condicionado por feriados y jornadas no laborables. A pesar del regreso a las aulas, la continuidad del ciclo lectivo aparece comprometida por la persistencia del reclamo salarial y presupuestario.

En lo inmediato, el funcionamiento volverá a verse afectado esta semana por un paro convocado por la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, que tendrá lugar el miércoles y afectará tareas administrativas y de mantenimiento. A esto se suma una nueva huelga docente de alcance nacional impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que se extenderá del 27 de abril al 2 de mayo y fue ratificada a nivel local por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata.

En paralelo, el calendario de protestas incluye la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril, que contará con la participación de la Federación Universitaria de La Plata. La movilización se inscribe dentro de un plan de lucha más amplio que articula a gremios docentes, nodocentes y organizaciones estudiantiles en defensa del financiamiento del sistema universitario.

No obstante, cabe señalar que no todos los sectores adherirán a las mismas medidas. En ese sentido, algunos docentes de la UNLP no participarán del paro adicional convocado por la Conadu Histórica entre el 13 y el 18 de abril, lo que anticipa un escenario de actividad dispar en distintas unidades académicas.

En medio de este contexto, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo emitió un fallo clave que ordena al Gobierno nacional implementar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución obliga a actualizar los salarios de docentes y nodocentes entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, así como a recomponer programas de becas.

Los jueces intervinientes consideraron que el impacto fiscal de la medida es acotado y subrayaron que se encuentra en juego el derecho constitucional a la educación superior. De este modo, ratificaron lo dispuesto previamente por el juez Enrique Cormick, quien había declarado “manifiestamente arbitrario” el decreto que suspendía la aplicación de la norma.

Pese a este respaldo judicial, el conflicto continúa abierto y plantea un escenario de tensión que mantiene en vilo el normal desarrollo del ciclo lectivo en la UNLP.