Transferencias en la causa D'Onofrio... ¿Un escándalo que salpica a Kicillof?

El caso de corrupción que involucra al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, sigue generando impacto en la provincia de Buenos Aires. Las investigaciones revelaron transferencias millonarias que podrían comprometer no solo al ex funcionario, sino también a otros integrantes de la administración de Axel Kicillof.

Según el medio Realpolitik, la empresa Solutec SRL, presidida por Sebastián Desio, figura clave en la trama, realizó pagos por cifras significativas a personas ligadas al Gobierno provincial. Entre los beneficiarios aparecen Gabriel Pretti, director de Tecnología de la Información en el Ministerio de Transporte, quien habría recibido 17.380.000 pesos; Leandro Siri, jefe de Departamento de Sistemas en el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, con 17.240.000; y Gastón Yarza, oficial principal de la Policía Bonaerense, con 10.600.000.

Estos datos, publicados por Realpolitik, sugieren que la red de corrupción podría extenderse más allá de D'Onofrio. Las transferencias millonarias vinculan directamente a varios funcionarios de alto rango con el presunto esquema, aumentando las sospechas de un entramado más amplio dentro de la gestión provincial.

Cabe recordar que Jorge D'Onofrio renunció a su cargo a finales de diciembre de 2024, tras ser acusado de irregularidades relacionadas con el manejo de contratos para las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En el marco de la investigación, también se llevaron a cabo allanamientos en un hotel de Pilar. Durante el procedimiento, las autoridades descubrieron una presunta financiera sin habilitación y una peluquería donde las empleadas cobraban mediante contratos con el Senado bonaerense.

El informe de Realpolitik agrega que estas operaciones estarían vinculadas con socios de D'Onofrio, profundizando las sospechas de una red organizada de corrupción. Este escándalo podría convertirse en un punto crítico para la administración de Axel Kicillof, que enfrentará la difícil tarea de despejar cualquier vinculación directa con estos hechos.

Con las investigaciones todavía en curso, el impacto político y judicial de este caso podría redefinir el escenario provincial, poniendo en jaque la credibilidad del gobierno bonaerense y la transparencia de su gestión.