Punto por punto
Reforma laboral: qué cambia en despidos, salarios, horas extra y licencias según el proyecto del Gobierno
El proyecto de reforma laboral firmado por Javier Milei redefine vacaciones, indemnizaciones, organización horaria, salarios y reglas para plataformas digitales. La iniciativa generó apoyo empresarial y rechazo sindical, y ya se prepara para su debate legislativo.
12 de Diciembre de 2025
El Gobierno de Javier Milei activó uno de los proyectos más sensibles de su agenda: la reforma laboral. La iniciativa, que ya ingresó al Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias, propone una reconfiguración profunda del sistema de trabajo argentino, introduciendo cambios en licencias, jornadas, indemnizaciones, salarios y modalidades como el trabajo en plataformas digitales. La presentación del texto generó un fuerte contrapunto entre empresarios que ven "previsibilidad" y sindicatos que denuncian un retroceso en los derechos laborales.
El capítulo de vacaciones mantiene el derecho al descanso anual, pero habilita su reorganización. Permite acuerdos individuales o colectivos para extender días, acumular períodos en situaciones excepcionales y fraccionar su uso para atender necesidades familiares o productivas. Se trata de una flexibilización que, según el Gobierno, apunta a "modernizar" la gestión del tiempo libre sin vulnerar los mínimos legales.
Uno de los puntos más relevantes aparece en la organización horaria. El proyecto incorpora el "banco de horas", un sistema que permite compensar jornadas más intensas con otras de menor carga, siempre respetando dos límites: 12 horas mínimas de descanso entre turnos y un tope de 35 horas semanales. Los convenios colectivos podrán definir regímenes especiales, horas extra y francos compensatorios. La reducción de jornada no será automática, sino que dependerá de normas nacionales o acuerdos sectoriales.
En materia de indemnizaciones, el texto abre la puerta a reemplazar el esquema tradicional por fondos o seguros sectoriales de cese laboral. Estos funcionarán como sistemas de ahorro previo financiados por aportes patronales, destinados a suavizar el impacto en las empresas y asegurar el pago para los trabajadores. La indemnización por despido sin causa se sostiene en la regla de "un mes de sueldo por año trabajado", y la base de cálculo excluye conceptos extraordinarios. El proyecto habilita además pagos fraccionados y limita intereses acumulados.
El capítulo salarial también suma modificaciones: estandariza qué conceptos integran la remuneración, exige digitalizar recibos y planillas, y suma mecanismos de actualización sujetos a la negociación colectiva. La iniciativa delimita qué montos quedan por fuera del salario –como viáticos documentados o reintegros– con el objetivo de reducir futuros conflictos judiciales.
La reforma incorpora un sistema integral para ausencias, enfermedades y accidentes. Los certificados deberán emitirse de manera digital y tendrán validez legal. El Gobierno plantea un control unificado para verificar diagnósticos y evitar abusos, especialmente en casos prolongados. Además redefine el abandono de trabajo, acorta plazos de notificación y establece mecanismos de reincorporación para despidos injustificados: el trabajador podrá elegir regresar a su puesto o recibir indemnización y salarios caídos.
Otro de los ejes centrales es la regulación de la capacidad laboral disminuida. Si un trabajador sufre una enfermedad o accidente que reduce su aptitud, la empresa deberá asignar tareas compatibles con su nueva condición. Si esto no es posible, el contrato podrá extinguirse con la indemnización correspondiente, según el grado de responsabilidad del empleador en la falta de reubicación.
La reforma también incluye por primera vez un marco regulatorio para trabajadores de plataformas digitales como repartidores. Las empresas deberán registrarlos, pagar aportes previsionales y contratar seguros por accidentes. Además, se reconoce su derecho a negociar colectivamente, se fija una remuneración mínima y se establecen reglas claras sobre jornada y descansos.
Con este proyecto, el Gobierno avanza en una reconfiguración amplia del sistema laboral argentino, en un debate que promete tensiones políticas y gremiales durante su tratamiento parlamentario.
