Presentan pruebas sobre adjudicaciones irregulares de pensiones en Mercedes

En la ciudad de Mercedes, la corrupción vinculada al kirchnerismo camporista continúa siendo noticia. Quedan expuestos, por presunto encubrimiento, el juez federal Elpidio Tezanos Pinto Portacarrero y otros implicados en un fraude por mil millones de dólares, donde se detectaron múltiples irregularidades en la concesión de pensiones por discapacidad.

Durante la campaña de 2023, el intendente Juan Ustarroz aceleró los trámites de cientos de pensiones por discapacidad con el objetivo de otorgar pensiones fraudulentas a militantes de Unión por la Patria.

La maniobra fraudulenta fue un acto desesperado para ganar las elecciones, con el objetivo de asegurarse la fidelidad del electorado antes de perder el control de las cajas nacionales.

Estas pensiones irregulares forman parte de un mecanismo clásico del kirchnerismo, mediante el cual los beneficiarios son comprados como militantes.

En Mercedes, La Cámpora continúa controlando la emisión de los certificados únicos de discapacidad, negándolos a personas que realmente los necesitan y entregándolos a militantes o familiares de funcionarios.

Desde el gobierno nacional de Javier Milei, y por orden de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se solicitó auditar el tema de las pensiones fraudulentas. Fue entonces cuando el intendente Ustarroz recurrió al juez camporista Tezano Pintos Portacarrero. El magistrado ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad detener la investigación para evitar que se revelara lo ocurrido en Mercedes, pero no logró impedir la auditoría.

La Agencia Nacional de Discapacidad expuso el escándalo a pesar de la resistencia del Poder Judicial de Mercedes.

La desesperación del intendente Ustarroz al revelar la corrupción en el municipio se debe al temor de que esto tenga repercusiones en las elecciones del 7 de septiembre, ya que se estima un fraude por mil millones de dólares.

El poder político y el judicial en Mercedes se confabulan para encubrir fraudes que desangran al Estado. Los beneficiarios son los mismos de siempre: los amigos del poder; mientras tanto, las víctimas, las personas con discapacidad verdaderamente necesitadas, sufren la corrupción.

Este caso demuestra que el problema no radica en la carencia de leyes ni en la ausencia de organismos de control, sino en que quienes deben hacerlas cumplir forman parte del engranaje que las quebranta.