Marcelo Balcedo apunta contra el juez Kreplak por irregularidades en el proceso que ahora revisará la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió formalmente la denuncia presentada por el ingeniero Marcelo Balcedo y Paola Fiege, quienes acusan a los Estados de Argentina y Uruguay de haber violado sus derechos fundamentales durante los procesos judiciales iniciados en 2018.

El caso, conocido como Balcedo–Fiege, se convirtió en un expediente emblemático que combina política, justicia y prensa. Según la denuncia, los procedimientos judiciales incluyeron operativos desproporcionados, detenciones irregulares, espionaje ilegal y una prolongada prisión preventiva que afectó incluso a los hijos menores de la pareja.

La madrugada del 4 de enero de 2018, la calma en la vivienda familiar de Piriápolis se rompió con un operativo binacional que involucró helicópteros, vehículos blindados y cámaras de televisión transmitiendo en vivo.

Aquel despliegue, que marcó el inicio del proceso, fue ordenado por el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de una causa en la que posteriormente se detectaron irregularidades procesales y conflictos de competencia.

Años después, la Corte Suprema argentina declaró que el fuero federal no era competente para intervenir en el gremio Soeme, decisión que dejó en duda gran parte de las actuaciones del juzgado de Kreplak.

En paralelo, la justicia uruguaya fue señalada por mantener medidas cautelares prolongadas y por haber condicionado acuerdos judiciales a la renuncia de los acusados a presentar demandas por violaciones a sus derechos.

El escrito presentado ante la Corte IDH, a cargo del abogado Leonardo de Carvalho e Silva, denuncia violaciones a los artículos 5, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad personal, las garantías judiciales, la integridad familiar y la protección de la infancia.

El tribunal internacional evaluará si ambos Estados incurrieron en abusos del poder judicial, falta de garantías procesales y afectación a la unidad familiar. De confirmarse, el caso podría sentar un precedente clave en materia de cooperación internacional y límites de la extradición entre países del Cono Sur.

Más allá de las cuestiones técnicas, el expediente deja entrever el impacto humano: tres niños crecieron bajo custodia de terceros, en un contexto de incertidumbre y exposición pública. La familia denuncia que su vida se vio alterada por completo a raíz de un proceso judicial que, según sostienen, fue utilizado con fines políticos y mediáticos.

Desde su entorno, remarcan que Balcedo y Fiege ya cumplieron las sanciones impuestas, entregaron bienes y colaboraron con la justicia, pero que continúan sometidos a medidas que exceden cualquier parámetro razonable.