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La medida responde a una acción legal impulsada por la ONG Nuevo Ambiente, que denunció el deterioro del Monte Ribereño y la falta de cumplimiento de la Ley 12.756, que declara a estas islas como “Paisaje Protegido de Interés Provincial”.
Durante el proceso judicial, peritos ambientales y testigos advirtieron sobre los daños al ecosistema, entre ellos, rellenos ilegales, incendios y ausencia de controles efectivos.
El fallo destaca la responsabilidad compartida de los municipios y la Provincia en la preservación del área, instándolos a tomar medidas urgentes para garantizar su protección.