Escándalo en la Unidad 9: investigan un circuito ilegal de comida dentro del penal, además de un sauna y jacuzzi

La causa está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFIJ N° 7, y pone el foco en la existencia de espacios no autorizados dentro del penal, como un sauna y un jacuzzi instalados en el área de talleres.

Según surge de la denuncia judicial, estos sectores no formaban parte de la estructura formal de la unidad, sino que habrían sido montados por internos con acceso a recursos y contactos. Incluso, uno de los principales implicados —condenado por el crimen del hermano del periodista Eduardo Feinmann— habría impulsado la creación de estos espacios de uso restringido.

De acuerdo a la investigación, el sauna y el jacuzzi no solo funcionaban como lugares de confort dentro del penal, sino también como parte de un sistema de intercambio de favores. Personal jerárquico de distintas áreas —como talleres, depósito, requisa y panadería— habría tenido acceso a estas instalaciones.

A cambio, siempre según la denuncia, se facilitaba el ingreso de mercadería, se evitaban controles y se permitía el desarrollo de actividades ilegales dentro del pabellón 16B, señalado como el núcleo de este entramado.

Este esquema refuerza la hipótesis de una posible connivencia estructural entre internos y sectores del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde los beneficios estarían directamente vinculados al poder económico dentro de la unidad.

En paralelo, la causa también describe el funcionamiento de un verdadero “patio de comidas tumbero”, que operaba como una rotisería informal dentro del penal, con producción diaria y precios definidos.

Entre los productos ofrecidos se encontraban tortas o pastafrolas a $9.000, pizzas de muzzarella a $17.000, gaseosas a $25.000, sándwiches de milanesa de pollo a $15.000 y de carne a $16.000, además de cigarrillos a $3.000 el paquete.

La elaboración se realizaba dentro del penal, utilizando insumos que, según la denuncia, provenían de áreas oficiales como depósitos y panadería. También se habrían utilizado heladeras, freezers y espacios comunes para el almacenamiento y preparación de los alimentos.

El circuito de venta no se limitaba a un solo pabellón, ya que internos de otros sectores acudían a comprar, lo que evidencia una logística organizada y, presuntamente, el aval implícito de personal penitenciario.

La investigación cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, y continúa avanzando con el análisis de pruebas y testimonios.

Los elementos detectados —desde espacios de lujo hasta negocios internos— configuran un escenario que podría tener fuerte impacto en el sistema penitenciario bonaerense, en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.