El Gobierno eliminó el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados

El Gobierno nacional eliminó el control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, permitiendo que los institutos fijen libremente los valores de las matrículas y cuotas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, marca el fin de más de tres décadas de regulación en el sistema educativo argentino.

A través del Decreto N°787/2025, el Ejecutivo derogó el Decreto N°2.417/1993, que establecía el sistema de control de precios en los colegios privados. Según el texto oficial, la normativa derogada "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".

La medida representa un cambio estructural en la relación entre el Estado y las instituciones de gestión privada, ya que elimina la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar los valores que abonan las familias. No obstante, la desregulación aplica únicamente a los colegios que no reciben subvención estatal, según aclaró Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con Radio La Red.

Zurita explicó que el 70% de los colegios bonaerenses recibe subvención estatal, por lo que continúan bajo control de precios. “Las escuelas que tienen aportes del Estado tienen un control estricto que les indica cuándo pueden aumentar y cuánto. Las que no tienen subsidios, no tienen control estatal en cuanto a los límites de la cuota”, señaló.

Desde el Ejecutivo sostienen que el cambio busca favorecer la sostenibilidad de los colegios y ampliar las opciones para las familias, mientras que especialistas advierten que podría derivar en aumentos significativos en las cuotas y una mayor desigualdad en el acceso a la educación privada.

Entre los fundamentos, el decreto argumenta que la intervención estatal “ha generado efectos contraproducentes”, limitando la capacidad de los colegios para ajustar sus tarifas frente a la inflación o variaciones en sus costos operativos. Esa rigidez, señala el texto, “ha llevado a que los institutos fijen cuotas más elevadas de lo necesario, por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

Además, el documento subraya el derecho de propiedad y libre contratación de los institutos privados, afirmando que deberían tener autonomía para definir sus condiciones laborales y salariales sin intervención estatal.

El decreto también instruye al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar el Decreto N°2.542/1991, considerado la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada, y a presentar una propuesta de actualización.

Con esta medida, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de libre competencia y autorregulación del mercado educativo, donde las instituciones definan sus políticas de precios según la demanda y los costos del servicio.