El Gobierno auditará más de un millón de pensiones por invalidez tras detectar irregularidades masivas

La auditoría se llevará a cabo mediante entrevistas presenciales con los beneficiarios en todo el país, con el objetivo de verificar que se respeten los criterios de selección establecidos para otorgar estas pensiones. La última auditoría, realizada en diciembre de 2024, arrojó resultados alarmantes: se identificaron 212 pensiones cobradas por personas privadas de libertad y 150 pensiones que pertenecían a beneficiarios ya fallecidos.

Esta iniciativa forma parte del plan del gobierno para extremar los controles sobre las prestaciones sociales y actualizar las condiciones para determinar la invalidez laboral. La resolución fue publicada el jueves en el Boletín Oficial y marca un paso significativo hacia la transparencia y la correcta utilización de los recursos estatales.

En una primera etapa del proceso, los organismos encargados llevarán a cabo un análisis exhaustivo de la situación de cada pensionado. Médicos del PAMI realizarán evaluaciones en territorio, llevando a cabo entrevistas y controles presenciales para determinar la veracidad de las condiciones alegadas por los beneficiarios.

Una vez recopilada toda la información necesaria, ANDIS y PAMI emitirán dictámenes que decidirán si corresponde suspender o mantener cada pensión. Esta acción es clave para garantizar que las ayudas estatales lleguen a quienes realmente las necesitan y para optimizar el uso eficiente de los recursos públicos.