Denuncian un presunto sistema irregular de multas tras una transferencia vehicular en Berisso

Una vecina de Berisso denunció públicamente una situación que considera grave y profundamente irregular, luego de vender su automóvil y encontrarse, en pleno trámite de transferencia, con una serie de multas millonarias que nunca habían sido notificadas. Estas no figuraban previamente en los sistemas habituales de consulta y que, según afirma, no contaban con respaldo visible para su verificación o descargo.

Según relató, al iniciar la venta del vehículo realizó la verificación de deuda correspondiente, donde figuraba una multa por poco más de 270 mil pesos, la cual fue abonada. El comprador también realizó la misma consulta y pagó esa deuda para avanzar con la transferencia. Con todo aparentemente en regla, ambas partes se presentaron en el Registro Automotor de Berisso, ubicado en calle 13 entre 165 y 166, donde firmaron la documentación correspondiente.

Sin embargo, una vez concluido el trámite, surgió una nueva deuda inesperada: el sistema del Registro arrojó multas por $2.234.000, asociadas a una empresa recaudadora denominada SUATS, que hasta ese momento no figuraba en ninguna consulta previa ni en plataformas online de infracciones. De acuerdo al testimonio, no se le pudo indicar el origen concreto de las multas, no se le exhibieron fotomultas, ni se le informó una dependencia u oficina donde realizar un descargo o solicitar un plan de pago.

Ante la urgencia, la vecina se vio obligada a abonar la totalidad del monto para poder finalizar la transferencia. No obstante, la situación no terminó allí: seis días después, cuando el comprador regresó al Registro a retirar el título, el sistema volvió a actualizar la deuda y aparecieron dos nuevas multas, por un total aproximado de $765.000, elevando la suma final a cerca de 3 millones de pesos.

La denunciante remarcó que jamás recibió notificaciones en su domicilio ni por correo electrónico, como ocurre habitualmente con las fotomultas en la provincia. Tampoco tuvo acceso a imágenes, fechas precisas ni detalles técnicos de las supuestas infracciones. Todas las multas, según pudo averiguar posteriormente, estarían vinculadas a una misma zona, en cercanías de 122 y 66, donde funcionaría una cámara que no estaría señalizada ni debidamente autorizada, tal como exige la normativa vial vigente.

Además, afirmó que desde el propio Registro se le indicó que no existe una oficina física ni un canal formal de reclamo, y que se trata de una situación que afecta a muchas personas, especialmente en el momento de vender un vehículo, cuando el pago se vuelve inevitable para poder concretar la operación.

La vecina sostiene que el sistema de multas, lejos de cumplir una función preventiva o educativa en materia de seguridad vial, tendría un fin meramente recaudatorio, y cuestionó la falta de transparencia, control y garantías para los ciudadanos. Si bien reconoce que el dinero abonado difícilmente sea recuperado, decidió hacer pública la situación para alertar a otros vecinos y evitar que más personas atraviesen una experiencia similar.