Delitos en alta mar: exigen auditoría al CFP tras denuncia de PRODESUR SA

El estudio jurídico Burlando & Tiberio, en representación de Liu Zhijiang, presidente de PRODESUR SA, presentó ante los Tribunales Federales de Comodoro Py una denuncia penal en contra de los integrantes del Consejo Federal Pesquero (CFP).

A estos últimos acusa de haber recibido coimas para dictar la Resolución CFP 15/24, que excluyó a PRODESUR del reparto de cuotas de Merluza Negra para el período 2025–2039. Asimismo, se advierte que dicha medida generó un oligopolio de empresas pesqueras en perjuicio de otras compañías con igual o mayor capacidad operativa, violentando normativas nacionales vigentes.

Antecedentes y contexto institucional

El CFP es el organismo encargado de administrar el Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para distintas especies objeto de pesca en aguas argentinas.

Su marco normativo se sustenta en la Ley 24.922 y el Decreto 748/99, que establecen que las cuotas son concesiones estatales destinadas a garantizar la explotación sustentable de los recursos vivos del mar. En el acta interpretativa CFP 49/09, se clarifica que los permisos de pesca no facultan, por sí solos, la captura; sólo adquieren tal carácter una vez asignada la cuota.

Bajo este esquema, las cuotas de Merluza Negra para el ciclo 2025–2039 debieron distribuirse mediante un procedimiento de oferta pública que evitara concentraciones monopólicas y respetara el principio constitucional de igualdad (Artículo 16, CN).

Exclusión de PRODESUR SA

El 5 de septiembre de 2024 se publicó la Resolución CFP 15/24 con su respectivo Anexo I, sección II, donde se asignaron las cuotas de Merluza Negra a las siguientes empresas:

• ARGENOVA SA (3 buques: ARGENOVA XIV, ARGENOVA XXI y ARGENOVA XXII).
• ESTREMAR SA/SAN ARAWA SA (2 buques: CENTURION DEL ATLÁNTICO y SAN ARAWA II).
• EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA SA (buque ECHIZEN MARU).
• PRODESUR SA (que contaba con permiso de pesca actualizado y desempeño histórico en la explotación de Merluza Negra) no recibió asignación alguna, pese a cumplir con todos los requisitos legales.

A su vez, mediante la Resolución CFP 3/24, el CFP redistribuyó las cuotas de Merluza Polaca, disminuyendo la porción de PRODESUR (que pasó de encargarse de exclusivamente 45 toneladas a quedar en situación desventajosa frente a firmas competidoras).

Denuncia penal y calificaciones jurídicas

Liu Zhijiang en su carácter de presidente de PRODESUR SA (CUIT 30-64560081-5), y con patrocinio letrado de los doctores Fernando Burlando y Juan Alberto Tiberio, formuló formal denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, Secretaría 5, ambos en Comodoro Py.

Posteriormente, la causa se unificó con otra denuncia similar radicada por Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, quien denunció también presuntos pedidos de coimas por parte de funcionarios y empresarios para asegurar el reparto de cuotas antes del vencimiento del régimen general de CITC el 31 de diciembre de 2024.

Hechos denunciados

• Cohecho activo y pasivo (Artículo 256 CP): el CFP habría recibido sumas en dólares estadounidenses para dictar la Resolución 15/24 en favor de determinadas empresas, excluyendo a PRODESUR y favoreciendo a un conjunto reducido de actores (oligopolio).
• Incumplimiento de los deberes del funcionario público (Artículo 248 CP): el acto administrativo lesionó los principios de igualdad y publicidad establecidos en la Ley 24.922, al omitir procedimiento de oferta pública y asignar cuotas conformando un monopolio de hecho.

Los denunciados revisten el carácter de funcionarios públicos en su rol de miembros del CFP:

• Juan Antonio López Cazorla (presidente del CFP).
• Martín Fernández y Miguel Schmukler, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
• Paola Gucioni, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
• Julia Erika Mantinian, por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
• Carla Estefanía Seain, representante de la Provincia de Buenos Aires.
• Sergio Paleo Edgardo, representante de la Provincia de Río Negro.
• Andrés Pedro Arbeletche, por la Provincia de Chubut.
• Gustavo Ernesto Martínez, por la Provincia de Santa Cruz.

Se les imputa haber dictado un acto contrario a derecho, sin justificación que avale el apartado de las reglas de manejo de bienes públicos ni que respalde la concentración monopólica (artículo 27, párrafo final, Ley 24.922), ya que el CFP omitió "tener en cuenta la definición de concesión pública de las CITC" conforme al acta 49/09, favoreciendo intereses ajenos a la legalidad.

Desarrollo de la causa y unificación de denuncias

La denuncia inicial de PRODESUR ingresó por el Juzgado Federal 3, Secretaría 5, y la Fiscalía 2 de Comodoro Py. Días después, se sumó la denuncia de Gustavo Pulti, quien reveló reuniones entre funcionarios nacionales y empresarios pesqueros (entre ellos representantes de Mar del Plata) en las que, presuntamente, se habría exigido el pago de “coimas” para garantizar el acceso al reparto de cuotas antes de su vencimiento a fin de 2024.

En su nota para medios, el Estudio Burlando señaló que ambas causas se unificaron inicialmente en Mar del Plata, para luego ser trasladadas nuevamente a Comodoro Py, donde se espera que en los próximos días haya novedades sobre la instrucción y los posibles imputados.

Legalidad de las cuotas de pesca: brecha entre teoría y práctica

De acuerdo con la Ley 24.922 y su reglamentación, las cuotas de pesca son concesiones estatales sujetas a un procedimiento público de asignación que debe evitar la concentración monopólica (Artículo 27, Ley 24.922). El principio de igualdad (16, CN) exige que cualquier operador que cumpla con los requisitos esté habilitado a ofertar y recibir cuotas.

Sin embargo, desde hace años se advierte en el sector pesquero la existencia de un mercado concentrado, donde unas pocas empresas concentran la mayoría de las cuotas de especies codiciadas como Merluza Negra, Merluza de Cola o Merluza Polaca. Este esquema redunda en precios artificialmente elevados para los insumos y menor posibilidad de ingreso a nuevos operadores.

La denuncia de PRODESUR SA pone de relieve uno de los mecanismos que facilitarían dicha concentración: la exigencia de sobornos (coimas) para dictar resoluciones favorables.

Si la Justicia federal acredita cohecho e incumplimiento de deberes de funcionarios, se configuraría un antecedente relevante para impulsar reformas en la “entrega” de cuotas, posiblemente hacia una modalidad más transparente o incluso remates públicos, tal como prevé la ley.

El rol de Pulti y la unificación de causas

La denuncia de Gustavo Pulti (que llegó semanas después de la de PRODESUR) aporta elementos sobre reuniones en las que, según testimonios, “autoridades o emisarios del Gobierno nacional” solicitaron coimas a empresarios (incluyendo representantes pesqueros marplatenses) para garantizarles participación en el próximo reparto de CITC, cuyo vencimiento operaba el 31 de diciembre de 2024.

Tras un breve trámite en Mar del Plata, ambas causas se unificaron y regresaron a Comodoro Py, donde el juez federal a cargo debe definir si dicta procesamientos o medidas cautelares contra los acusados.