Crecen las amenazas de tiroteo en escuelas: ¿cómo es el protocolo que se activa y qué penas se establecen?

En las últimas horas se confirmó que ya son al menos nueve los establecimientos educativos de La Plata alcanzados por este tipo de intimidaciones, a los que se suman cuatro escuelas en Ensenada, mientras que en Berisso no hay un conteo oficial de los casos. 

Frente a este escenario, autoridades de Seguridad y Educación avanzaron en la implementación de medidas concretas, con el foco puesto en evitar un “efecto contagio” que derive en una repetición masiva de amenazas, como ocurrió años atrás con las falsas alarmas de bomba.

Uno de los puntos centrales del abordaje es que cada episodio será tratado como un delito penal. Desde el área de Seguridad remarcaron que no se trata de “travesuras”, sino de hechos encuadrados como intimidación pública, con consecuencias legales para quienes resulten responsables.

Qué dice el protocolo oficial ante amenazas

En ese marco, se dispuso que los equipos directivos de las escuelas deberán realizar la denuncia formal ante la Justicia cada vez que detecten un mensaje amenazante dentro de la institución.

El protocolo establece que, ante la aparición de pintadas, carteles o cualquier tipo de advertencia escrita, el personal escolar debe dar aviso inmediato al equipo de conducción del establecimiento. Luego, la situación es comunicada al inspector o inspectora de enseñanza, quien eleva el caso al inspector distrital.

A partir de allí, se radica la denuncia correspondiente ante la fiscalía, sin señalar inicialmente a personas específicas. En paralelo, la Inspección Distrital informa lo ocurrido a las direcciones de nivel central, lo que permite activar un seguimiento institucional más amplio y coordinado.

Además del plano judicial, el abordaje incluye una intervención directa en la comunidad educativa. En primer lugar, se trabaja con el grupo de estudiantes involucrado, como el curso donde apareció el mensaje.

De manera complementaria, se establece contacto con las familias para informarles la situación y, posteriormente, se extiende el trabajo a toda la escuela con la participación de docentes, directivos y equipos de orientación escolar.

Este enfoque integral cuenta con la intervención de equipos de inspección y profesionales del área de Psicología, con el objetivo de contener, prevenir y desactivar posibles situaciones de riesgo.

Desde las autoridades insistieron en que la clave es actuar con rapidez y firmeza: cada caso será investigado con intervención policial y judicial. La intimidación pública, tipificada en el Código Penal, prevé penas que van de 2 a 6 años de prisión.

En este contexto, el mensaje es claro: no habrá margen para minimizar este tipo de amenazas. La combinación de denuncia obligatoria, intervención inmediata y trabajo en las aulas busca atacar el problema de raíz y evitar que el miedo vuelva a instalarse en la vida cotidiana de las escuelas.