Caso Érica Valdez: la querella denunció irregularidades en los peritajes y exigió el apartado del fiscal Álvaro Garganta

A más de seis meses del fallecimiento de Érica Valdez, la agente policial encontrada sin vida en el módulo de control ubicado en 138 y 60 el pasado 9 de abril, la representación legal del particular damnificado promovió una serie de recursos para impugnar la instrucción llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y requerir su inmediato apartamiento de la causa.

El abogado Diego Ontiveros, en representación de Jonathan Emilio Valdez —hermano de la víctima—, elevó las presentaciones ante el Juzgado de Garantías N° 5 y la Fiscalía General departamental, fundamentando el pedido de recusación en inconsistencias técnicas, presuntas rupturas en la cadena de custodia de material fílmico y demoras procesales en la recolección de pruebas clave sobre la expareja de la mujer, Ángel Leonel Pérez.

Registros telefónicos y peritajes científicos en debate

Entre los elementos controvertidos por la querella destaca el informe de tráfico de celdas de telefonía celular. Según el expediente, el dispositivo de Pérez registró actividad a las 18:52 del 9 de abril en una antena de calle 121 entre 66 y 67, desplazándose a las 19:06 a la celda de Avenida del Petróleo Argentino al 1551 y dos minutos más tarde a una antena sobre la avenida Rolón, ambas en Berisso. Para la representación de la familia, esta secuencia ubica al imputado en las proximidades del puesto policial, contradiciendo su declaración de haber estado durmiendo en su domicilio. En ese marco, Ontiveros tildó de "capciosa" una consulta cursada por la fiscalía a la prestataria telefónica sobre la precisión de las coberturas y solicitó su suspensión.

Respecto de la evidencia material, la querella remarcó que las pericias genéticas practicadas por la Suprema Corte bonaerense sobre la pistola Taurus secuestrada arrojaron valores imperceptibles de ADN (0,005) que no corresponden a Valdez, sumado a la ausencia de huellas dactilares de la funcionaria en la pieza. Asimismo, observaron que la autopsia determinó una trayectoria balística descendente —incompatible, según su interpretación, con una maniobra de autolesión— y denunciaron que el peritaje balístico definitivo aún no fue ejecutado.

A estos cuestionamientos se suma la controversia por una carta manuscrita hallada en la escena: los peritajes caligráficos que la cotejaron con documentos de la víctima archivados en la Escuela de Policía Juan Vucetich habrían presentado coincidencias en solo cuatro caracteres, escrito que la madre de Valdez desconoció en su totalidad.

Cuestionamientos a la instrucción y pedido de radicación

La querella expuso además que Pérez enajenó su teléfono móvil el 28 de julio aduciendo inconvenientes económicos, medida que el abogado vincula con el conocimiento previo de los pedidos de detención. A su vez, señalaron que la fiscalía demoró casi dos meses en efectivizar la citación por la fuerza pública solicitada en julio, lo que impidió que el acusado prestara declaración testimonial bajo juramento antes de ser formalmente imputado en septiembre.

El escrito presentado ante el fiscal general Héctor Vogliolo incluye también acusaciones contra la cúpula policial de la zona, al sostener que se habrían alterado registros en video de una estación de servicio cercana al módulo y que se omitió la incorporación de los chats telefónicos peritados al sistema informático del Ministerio Público.

Ante este panorama, la representación de la familia solicitó formalmente reasignar la investigación a la UFI N° 13, especializada en temáticas de violencia de género y conducida por la fiscal Mariana Rufino. Los planteos formulados por la querella se encuentran bajo evaluación judicial, mientras la situación procesal de Pérez se mantiene bajo el principio constitucional de inocencia.