Buscan que las estaciones de servicio informen los aumentos de combustibles con anticipación

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que obliga a las estaciones de servicio y a las empresas productoras y expendedoras de combustibles a informar con anticipación los aumentos de precios. La iniciativa obtuvo despacho por mayoría y ahora deberá continuar su tratamiento legislativo antes de llegar al recinto.

El proyecto establece que las petroleras deberán comunicar cualquier modificación de precios con al menos 72 horas de anticipación, mientras que las estaciones de servicio tendrán la obligación de informar esos cambios 48 horas antes de su entrada en vigencia.

Además, incorpora un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa. Las multas previstas van desde 7,2 millones hasta 215 millones de pesos, e incluso contempla la suspensión de la habilitación comercial en casos de reincidencia.

Tras recibir el visto bueno de la comisión de Legislación General, el expediente será girado a la comisión de Presupuesto e Impuestos, donde deberá obtener un nuevo dictamen antes de ser debatido por el pleno de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti, recibió el respaldo del peronismo y del Frente de Izquierda durante la reunión encabezada por Rubén Eslaiman, aunque también despertó cuestionamientos de legisladores opositores y representantes del sector de los combustibles.

El diputado Agustín Romo, de La Libertad Avanza, sostuvo que la medida podría perjudicar económicamente a las estaciones de servicio, ya que, según explicó, los aumentos suelen conocerse cuando llega el camión que abastece los surtidores. "Se funden en tres días", afirmó durante el debate.

En la misma línea, el legislador Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal, consideró que el proyecto presenta "inconsistencias" desde el punto de vista legal. No obstante, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa gracias a su mayoría.

Al defender la propuesta, Rasquetti sostuvo que "el combustible no es un lujo, es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás", y aseguró que el objetivo es brindar una herramienta para anticipar y controlar los aumentos.

Las principales organizaciones del sector también manifestaron su rechazo al proyecto. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina advirtió que anunciar con anticipación los incrementos podría incentivar compras masivas antes de las subas, generar comportamientos especulativos y provocar faltantes de combustible.

A esa postura se sumaron la Asociación de Estaciones de Servicio, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, que sostienen que la medida podría alterar el funcionamiento normal del mercado, generar picos de demanda y producir quiebres de stock, además de remarcar que los consumidores ya cuentan con información actualizada sobre los precios en surtidores y plataformas digitales.