11 años de Ni Una Menos: las calles de todo el país se movilizan en una jornada marcada por la emergencia de femicidios

A poco más de una década de aquella histórica primera irrupción pública en 2015, el colectivo Ni Una Menos encabeza este miércoles una nueva jornada de protesta nacional. La undécima edición de esta acción colectiva se concreta en un clima de profunda sensibilidad social, impulsada por una seguidilla de crímenes de género que reactivaron el estado de alerta en diferentes puntos del territorio argentino.

Bajo la consigna unificada “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”, las diferentes organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos buscan visibilizar la íntima relación que existe entre la violencia económica y la vulnerabilidad física de las mujeres y diversidades en el escenario actual.

El despliegue en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un esquema de confluencia progresiva en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos. Las actividades en el espacio público se estructuraron bajo el siguiente cronograma:

• 15:00 horas: Se dará inicio a la habitual marcha que los sectores de jubilados realizan cada miércoles, la cual contará esta vez con el respaldo y acompañamiento orgánico de las columnas de Ni Una Menos.
• 16:00 horas: Las centrales obreras comenzarán a ocupar sus posiciones estratégicas. La Confederación General del Trabajo (CGT) fijó su punto de encuentro en la intersección de Yrigoyen y Solís, mientras que la CTA también confirmó el desembarco de sus delegaciones.
• 17:00 horas: Está pautada la concentración general frente al palacio legislativo, antesala del inicio del acto central donde se dará lectura al documento consensuado.

El eje central de los reclamos de este año excede la condena a los agresores y se enfoca en la responsabilidad institucional de los organismos del Estado. Las muertes de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero —ocurridas en el transcurso de las últimas semanas— operan como el motor de una demanda de reforma judicial con perspectiva de género.

El documento oficial elaborado por el colectivo dedica un duro apartado al desempeño de los tribunales de la provincia de Córdoba, apuntando específicamente contra la fiscalía a cargo de Raúl Garzón por el manejo de la causa de Agostina Vega. Desde la organización denunciaron la existencia de una “desidia organizada”, argumentando que los mecanismos de prevención estatales fallaron de forma deliberada debido al perfil sociodemográfico de la víctima.

"La inacción judicial frente a las alertas tempranas está directamente ligada a las condiciones estructurales: se trataba de una joven de un barrio popular y de bajos recursos", señala el texto difundido, que además vincula esta desprotección con el progresivo desfinanciamiento de los programas públicos destinados a la asistencia de víctimas de violencia.